Columnas de opinión

Antes nos quemaban por brujas, ahora nos despiden.

por Dra. Karina Bravo

 

Después de ganar un concurso académico público, y a poco más de un año de trabajo en la academia en una novel universidad pública y regional, no deja de impactar la visión individualista y competitiva de la investigación. Es así como un entramado de discriminaciones que se intersectan entre sí, incluyendo aspectos de género – con mujeres en primera línea, la hegemonía patriarcal- , y hostigamiento laboral concluyeron en la no renovación de contrato en noviembre 2018, sin un debido proceso, faltando a principios como objetividad, transparencia y abstención. De ahí que se califica con aspectos de ilegalidad, clandestinidad, arbitrariedad, y ex-temporáneo. El proceso no fue informado a ningún estamento, la institución no entregó las pautas de evaluación, ni siquiera a la Corte de Apelaciones de Rancagua donde se interpuso un recurso de protección, y sin instancia de apelación.

La investigación sumaria interna asociada a mi denuncia por hostigamiento laboral iniciada en junio 2018, excluyó a testigos claves, y con base en cuestionamientos personales y poco objetivos, e incluso, considerando de una forma simplista, que el aspecto de género estaba cubierto poniendo a una mujer como fiscal, concluyendo en un dudoso sobreseimiento, hecho que no aplaca mi calidad de denunciante.

La precarización laboral está normalizada en la academia por defender los pocos puestos actuales en ella, dada en parte, por la falta de lineamientos y visión política a largo plazo desde los organismos del Estado y del conocimiento e investigación, y más localmente por el secuestro de estos puestos de trabajo por cofradías y “amiguismos” – el cual es corrupción de tipo II según Contraloría General de la República -.

Todos estos calificativos, del proceso de la no renovación de contrato y en especial el “amiguismo” declarado en la prensa, han sido contrargumentados por la Universidad imponiendo la idea de que las demandantes buscan dañar la imagen de la institución superior. Todos estos aspectos son conocidos y comprobables por la Comunidad Universitaria y por el ambiente Rancagüino, profundamente enraizados en aparente secretismo y fuerte represión.

¿Acaso, los procesos de actos administrativos no deben cumplir con la normativa legal vigente? ¿Cumplir y dialogar siquiera sobre las condiciones inicialmente propuestas de contrato, como a más de un año y medio aún sin contar con la infraestructura de laboratorios de investigación?

La férrea defensa corporativa a la negligencia, la clandestinidad, omisiones y tergiversaciones de la verdad experiencial, – y entre investigadores/as que publican en conjunto-  ante los hechos objetivos en mi contra, también capturan la atención, considerando que había un litigio en curso y porque, sin duda, en la academia se mantienen los aspectos de desigualdad estructural de la sociedad. Haciéndolo extensivo a funcionarios públicos en instituciones de educación superior:

Lo que me afecta a mi hoy, también te afecta a ti, te puedes encontrar en la misma posición de querer demostrar la verdad de los hechos.

La organización colectiva surge como espacios para favorecer la democratización, las posiciones neutrales favorecen a los opresores.

No son pequeñas las humillaciones que viven las investigadoras en la academia, la relativización de estos actos es parte del típico desincentivo y desacreditación corporativa a tales denuncias y de la resistencia discursiva y activa que evita el cambio del status quo vigente, dominado por puestos de decisión masculinizados y/o por personas con poca sensibilidad a las desigualdades

Por ejemplo, indicar falta de voluntad, como criterio para crear convicción, deja entrever la falta de transparencia y objetividad, lo que abre todos los cauces a las dudas y al fundamento profundo de tal acción,

¿Será que la denuncia de hostigamiento laboral y, por una postura política y pública con énfasis en género sean parte de las razones de fondo?

¿Como también la declaración en tal proceso de mi colega, testigo y víctima de hostigamiento laboral,  también como razones para no renovar su contrata?

En los académicos varones se pueden encontrar las más amplias posiciones (algunas cuestionables) en estos aspectos, libres de sanciones de todo tipo.

¿Cuál es el mensaje central a la comunidad de cualquier institución que desvincula a quien denuncia hostigamiento laboral?

La verdad de los hechos y experiencial respecto al excelente desempeño docente y con proyectos adjudicados y postulados a la espera de ser zanjados,
es tan contundente por parte de las investigadoras desvinculadas, que no queda otra alternativa a los directivos que argumentar con faltas a la verdad y tergiversaciones de los hechos, sin mayor análisis de las múltiples fuentes de conflicto, que podrían ser mejorados para impactar positivamente en la comunidad universitaria y en el asentamiento del proyecto universitario en la región de O’Higgins.
Existe en cada persona una historia en todos los aspectos en que se desarrolla, en este sentido, las variadas muestras de apoyo y planteamiento de dudas del proceso, proveniente de distintas personas, estamentos, organizaciones y asociaciones nacionales e internacionales, en las más diversos ámbitos sociales y profesiones, hacen eco de las dudas que plantea el proceso de no renovación y análisis de desempeño poco objetivos y discriminatorios, teniendo las investigadoras desvinculadas una condición indistinta en comparacion con al menos 1/3 de los investigadores e investigadoras de tal institución.

 

A todas estas muestras públicas,  les estoy infinitamente agradecida, en especial, a quien no transó sus principios de dignidad y justicia, y está en esta lucha a un gran costo personal y público Dra. Vania Figueroa.

También, llamo a la reflexión a formar y fortalecer los espacios dentro de las instituciones a los distintos actores que la conforman, en específico a considerar los derechos laborales, la precariedad en la investigación en todas las áreas del conocimiento y sin duda violencia de género.

Tenemos a nuestros estudiantes de postgrado con y sin becas CONICYT quienes sustentan gran parte de la investigación en Chile, en un entorno por defecto precarizado laboralmente y en salud. Reivindicaciones básicas como ¡sueldo!, ciencia con contrato, y acceso a pasantías internacionales, ¡Investigar es trabajar!, ya con más de una década en las mismas consignas, sin solución permanente

Dada la falta de planificación a largo plazo desde el Estado en políticas públicas en torno al conocimiento, se configuran distintas improvisaciones en el borde y fuera de lo legal, repercutiendo directamente en las vocaciones, la estabilidad y desarrollo profesional y finalmente proyectos de vida que quedan truncados.

¿Quiénes se cuestionan qué país queremos construir, por cuales mecanismos  y cuál sería el fin?. Considerando el 0,38% de inversión del PIB en Ciencias y que se decida recortar los beneficios complementarios CONICYT frente a la falta de presupuesto. Sin duda los cuestionamientos van en ambos sentidos, hacia los lineamientos políticos públicos y rol del Estado, como a la vinculación científica con ellas. Y aún más precarizado, si hablamos de perspectiva de género por nombrar un punto, corresponsabilidad efectiva en la crianza.

Sin duda las variadas aristas en los hechos que me han afectado, permiten encauzar distintas reflexiones. El fin es la reclamación de derechos fundamentales, laborales en la academia, por construir universidades públicas y regionalistas, libre de vicios, y para retomar los lineamientos que permitan formar – en conjunto- agentes de cambio social, los y las estudiantes.

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