“Por una ciencia íntegra, con equidad y sin sesgos” declaración pública de la Asociación Red de Investigadoras 

Ante la controversia generada por los resultados del reciente concurso de Centros de Excelencia de ANID, la Asociación Red de Investigadoras considera urgente aclarar lo que se ha instalado como un falso dilema entre mérito y equidad.

En declaraciones públicas, destacados académicos afirman que la falta de balance de género habría sido el criterio que dejó fuera de competencia a algunos centros. También argumentan que la inclusión de criterios de equidad y descentralización “puede distorsionar la evaluación cuando se prioriza por sobre el mérito científico”.

Ambas posturas —expresadas por figuras con reconocimiento en el sistema científico chileno— evidencian una resistencia ideológica a la incorporación de principios de justicia y calidad en la investigación. Y cometen, al menos, tres errores graves que comprometen la discusión pública y la legitimidad de los procesos de evaluación.

1. Falso dilema: equidad de género versus excelencia

La equidad de género no es antagónica al mérito; es una condición para alcanzarlo. La literatura científica es clara y consistente: los sesgos de género afectan negativamente todos los eslabones del sistema de investigación, desde la participación, la evaluación de proyectos y publicaciones hasta el acceso a redes de colaboración y liderazgos científicos.

La falta de equilibrio de género en equipos y de perspectiva de género en el diseño de investigación ha producido consecuencias concretas: tratamientos médicos menos efectivos —o peligrosos— para mujeres e identidades subrepresentadas, algoritmos discriminatorios y políticas públicas que fallan por no considerar la diversidad social, solo por mencionar algunos ejemplos. Una ciencia que ignora a la mitad de la población no puede considerarse rigurosa, reproducible ni relevante. 

Incorporar criterios de equidad de género no distorsiona la excelencia; la fortalece. Y no es un criterio injusto, por el contrario, es una corrección necesaria frente a décadas de sesgos estructurales.

2. Meritocracia sesgada = mérito artificial

Apelar a un supuesto “estándar académico neutro” sin reconocer los privilegios históricos que lo moldean es sostener una ficción. La noción de mérito ha sido construida bajo parámetros androcéntricos que excluyen sistemáticamente a mujeres y diversidades.

Cuando los procesos de participación, evaluación, publicación y prestigio operan sobre sesgos —explícitos o implícitos—, el resultado no es excelencia, sino reproducción de desigualdades. Defender una meritocracia sin revisar sus condiciones de base es perpetuar un sistema que premia más el privilegio que el mérito real.

La integridad científica exige reconocer y corregir estas distorsiones. No basta con “no discriminar”; es necesario remover los obstáculos estructurales que impiden una participación y competencia justa.

3. El oportunismo político contra la equidad

La crítica que acusa a los criterios de equidad y descentralización de “socavar la institucionalidad” recurre al miedo para deslegitimar transformaciones necesarias. Se intenta presentar la igualdad de género como amenaza, cuando en realidad es garantía de mayor robustez no solo científica, también democrática. Este argumento ha sido utilizado en países como Estados Unidos y Argentina, con consecuencias alarmantes.

En nuestro país este discurso no es nuevo.. Lo enfrentamos como Red de Investigadoras cuando denunciamos la impunidad de académicos acosadores en el sistema universitario chileno durante el mayo feminista. Lo combatimos cuando impulsamos la Ley 21.369, que hoy constituye un piso mínimo para enfrentar la violencia y discriminación de género en educación superior, que continúa siendo un flagelo sistémico. Y sin duda lo seguiremos enfrentando al apoyar iniciativas que restringen el financiamiento público de investigación a deudores de pensión de alimentos.

Sabemos bien lo que implica incomodar a las élites y al poder en nombre de la igualdad de género y la integridad científica. Las investigadoras han pagado altísimos costos personales y profesionales por ello. Más no estamos dispuestas a claudicar en nuestra misión. Frente a estos retrocesos discursivos, reiteramos: la equidad y perspectiva  de género es un requisito ético y metodológico de una ciencia rigurosa, moderna, pública y democrática. Y como asociación seguiremos trabajando para enfrentar cualquier retroceso en esta materia.

Diversos programas y organismos internacionales como Horizonte Europa, UNESCO, OCDE o la OEA han establecido que integrar la perspectiva de género en investigación no es solo deseable, sino indispensable. En coherencia con estos estándares, Chile ha avanzado en políticas públicas como la Política Nacional de Igualdad de Género en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (2022), que reconoce explícitamente la necesidad de eliminar las brechas estructurales de género en todos los niveles del sistema científico. Esta política se sustenta en el marco jurídico nacional, incluyendo la Ley 20.609, que prohíbe la discriminación arbitraria en todas sus formas, y la Ley 21.369, que regula el acoso sexual, violencia y discriminación de género en el ámbito de la educación superior. Asimismo, responde a los compromisos asumidos por el Estado de Chile al ratificar instrumentos internacionales de derechos humanos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tienen plena vigencia y obligan al Estado a adoptar medidas proactivas para garantizar la igualdad sustantiva. Cuestionar estas políticas bajo el pretexto de defender el “mérito” es desconocer obligaciones jurídicas y éticas fundamentales. Es, en los hechos, un retroceso que nuestro país no puede permitirse.

No se trata de elegir entre mérito o la igualdad de género, sino de reconocer que no hay excelencia posible sin equidad estructural.

Lo mismo ocurre con la equidad territorial, otro principio fundamental para construir una ciencia verdaderamente pública y descentralizada. La equidad territorial es una deuda estructural del sistema de ciencia y tecnología chileno. Durante décadas, la concentración de recursos, redes y decisiones en la Región Metropolitana ha profundizado desigualdades que limitan el desarrollo científico en regiones, desincentivan trayectorias de investigación fuera de los centros hegemónicos y precarizar el trabajo de investigadoras e investigadores en territorios históricamente excluidos. Incorporar criterios de descentralización no es un favor ni una concesión política: es una condición básica de justicia territorial, de democratización del conocimiento y de fortalecimiento del ecosistema científico nacional. Este principio encuentra respaldo normativo en la Constitución Política de la República, que en su artículo 3 consagra el carácter descentralizado del Estado, y en el artículo 1 establece que la organización del poder debe promover el fortalecimiento de las regiones y comunas. A ello se suma la Ley N° 21.074 sobre Fortalecimiento de la Regionalización del país, que mandata expresamente al Estado a incorporar el enfoque territorial en la formulación de políticas públicas. Evaluar la excelencia sin considerar las condiciones desiguales de acceso a financiamiento, infraestructura y redes académicas solo reproduce privilegios y consolida una ciencia desconectada de la realidad de los territorios y de sus urgencias. La equidad territorial debe ser entendida, al igual que la equidad de género, no como una amenaza al mérito, sino como un principio orientador de una ciencia pública que responda a las diversas realidades del país.

Como Red de Investigadoras, reiteramos nuestro compromiso con una ciencia íntegra, libre de sesgos, descentralizada y construida con responsabilidad colectiva. La confianza en el sistema científico no se resguarda ocultando sus sesgos y problemas estructurales, sino con acciones firmes y decididas que permitan corregirlos.

Hacemos un llamado a la comunidad académica, a responsables políticos, al parlamento, organizaciones científicas y a toda la sociedad a promover un debate responsable sobre cómo fortalecer nuestro sistema de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Para impulsar esta discusión con altura de miras debemos reconocer que el actual ecosistema científico y tecnológico requiere no sólo una transformación institucional, sino también ética y cultural. También asumir que toda persona que investiga, lidera, evalúa o formula políticas tiene una responsabilidad ineludible en la construcción de un sistema más justo. Y finalmente tomar conciencia de nuestra responsabilidad colectiva en no permitir que la excelencia y el mérito sean utilizados como pretextos para sostener y profundizar las desigualdades y debilidades estructurales del actual sistema, sino promover su análisis crítico, para impulsar un sistema que promueva la equidad, reconozca la diversidad y responda a las necesidades de toda la sociedad.