RedI adhiere a declaración de Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades
En el marco de la inauguración de la nueva Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), RedI adhiere a la carta dirigida al MCTCI en la cual crítica el tibio actuar de este durante la crisis social.
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A propósito de la inauguración de la Agencia de Investigación y Desarrollo (ANID)Estimado Ministro Andrés Couve
Estimada Subsecretaria Carolina Torrealba
Estimada Directora de la Agencia (ANID) Aisén Etcheverry
A parte de la comunidad de investigadores/as, trabajadoras/es, estudiantes y activistas que nos desenvolvemos en la creación de conocimiento se nos hizo llegar la invitación a la inauguración de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) para este lunes 6 de enero de 2020, pero lamentablemente esta no fue abierta a la comunidad en su conjunto. Sabemos que convertir Conicyt en la Agencia es una tarea laboriosa y compleja que, sinceramente, esperamos que haya sido realizada de la mejor manera posible. Especialmente positivos resultan los nombramientos de mujeres científicas en las subsecretarías regionales y, aunque todavía es posible identificar un desbalance a nivel disciplinar, esperamos que sus labores puedan desarrollarse de modo adecuado e inclusivo.
Sin embargo, más allá de valorar el trabajo específico en torno a la institución estatal de financiamiento de la investigación en Chile, nos parece imposible desatender el contexto mediato e inmediato en que este Ministerio se implementa.
Sobre este último aspecto, desde octubre de 2019 Chile se ha visto envuelto en una persistente agitación social que ha movilizado a las calles a millones de personas que luchan contra la precarización de la vida. Esta agitación social ha sido masiva, muchas veces creativa y efusiva, y por momentos, también confusa y violenta. En los últimos meses el peor papel lo han tenido las fuerzas de orden estatales. En particular Carabineros, que han actuado con violencia desmedida en contra de los ciudadanos, violando los Derechos Humanos con insistencia, a pesar de todas las advertencias nacionales e internacionales. Decenas de asesinatos, miles de heridos, cientos de mutilaciones y muchas otras marcas de la violencia policial han quedado en los cuerpos y memorias de los chilenos debido a la resolución de salir a manifestarse en estos meses. Lo que creíamos que era el pasado dictatorial de Chile se volvió súbitamente el presente.
El Gobierno de Chile -del cual ustedes son parte- ha sido especialmente negligente e inepto para leer el contexto y actuar acorde con la búsqueda de una resolución dialogada y civil. El Presidente Piñera y otros personeros de gobierno, desde un comienzo, han persistido en hacer afirmaciones sin fundamento, levantar hipótesis implausibles y mentir públicamente con el fin de negar y confundir los hechos que tienen testigos y pruebas fehacientes, tal como lo han constatado diferentes organismos de Derechos Humanos. Si a esto le agregamos la violencia y represión de Estado como principal estrategia de disuasión política nos parece que estamos frente a un gobierno que no sólo ha perdido legitimidad, sino que, además, carece de una ética mínima necesaria para ejercer la gobernabilidad, y muestra una severa incapacidad de ejercer su poder democráticamente. En este proceso, el Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación ha brillado por su ausencia y, a lo más, ha hecho tibios comentarios por redes sociales.
Cabe recordar que el ministro Couve repitió insistentemente, al asumir la dirección del ministerio, que había que hacer “política basadas en evidencias” y “poner la ciencia en el centro de lo social”. Sin embargo, no se escuchó con claridad alguna propuesta de desarrollo sustentable y ecológico -apoyado por las comunidades científicas- que la ministra Schmidt haya hecho en la COP-25, en tanto, Chile sigue sin firmar el Tratado de Escazú y el agua dulce sigue estando bajo un régimen jurídico que considera su uso como una propiedad privada, en un contexto de grave sequía. Fue incapaz de alzar la voz cuando se discutió en torno a la composición de los balines que carabineros disparaba criminalmente hacia los rostros, cuando fueron informes científicos y técnicos los que demostraron que los proyectiles no eran de goma sino que contenían hierro, bario y plomo. No se escuchó palabra alguna del ministro Couve cuando hubo una pugna por la composición química del agua que carabineros lanzaba contra la población causando graves quemaduras a las personas. Por otro lado, las consecuencias de la violencia patriarcal -visibilizadas a nivel mundial en las últimas semanas por el colectivo Las Tesis- están acreditadas por múltiples evidencias, y es preocupante que todavía no haya políticas claras para luchar contra las diversas maneras en que esta se reproduce dentro del marco de la creación del conocimiento, como evidencia la reciente adjudicación de fondos de investigación. Por otra parte, guardó silencio ante el escándalo por el “Informe big-data” y su falta de rigurosidad y seriedad. Finalmente, las marcas sociales que dejan las violaciones a los DD.HH. son reconocidas por la inmensa mayoría de las investigaciones de campos como las Humanidades, las Artes y las Ciencias Sociales, sin embargo, el ministro está totalmente ausente en la discusión pública actual sobre el tema, obviando la documentación producida.
Desde una mirada mediata, nos parece inaceptable que este Ministerio no haya fomentado más enfáticamente buenas prácticas contractuales y laborales dentro de las diversas instituciones e instancias que participan en los procesos de creación de conocimiento. En efecto, la negativa a mejorar la contratación de trabajadores/as a honorarios y tercerizados y el no cumplimiento del protocolo de plantas fue un hito inicial en el paso de Conicyt a la ANID e implicó un paro durante el mes de agosto pasado, el que fue apoyado por buena parte de la comunidad investigadora nacional. Todavía persisten los problemas laborales para los trabajadores de la nueva Agencia. También, poco se ha dicho de la precariedad laboral que afecta de diversos modos los procesos de creación de conocimiento en el Chile actual en distintos niveles y espacios, mediante la contratación masiva de trabajadores/as a honorarios en las Universidades y proyectos de investigación, a quienes se les niega derechos básicos y fundamentales como los derechos maternales, vacaciones pagas o licencias médicas. La investigación chilena está hoy sustentada por el trabajo precario, con consecuencias graves para la vida de las y los trabajadores precarizados como para la calidad y sustentabilidad de la investigación que se pretende hacer. En un momento en donde el país exige con fuerza un trato digno esto debe ser abordado urgentemente.
Por último, hay que agregar que el Ministerio está próximo a presentar la primera Política Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, la cual ha sido diseñada sin la participación real de las comunidades de investigación, y sólo será “enriquecida” por diálogos ciudadanos no vinculantes. Es por lo menos llamativo que los principios, lineamientos y ejes de esta política se mantengan inalterables luego del estallido social de octubre y persista una visión más bien continuista de la política de investigación. También es preocupante la falta de participación de los trabajadores de Conicyt en la construcción de la nueva institucionalidad. Por lo mismo, pensamos que nuestros esfuerzos deben estar puestos en la profundización de la organización social en torno a la generación, difusión y promoción del conocimiento, especialmente con miras a un muy probable proceso constituyente.
No podemos legitimar un gobierno que ha perdido de tal manera la brújula democrática basada en la búsqueda de evidencias objetivas, el diálogo, el respeto a los y las trabajadores/as y a las mayorías, expresadas en la movilización social actual.
