Del dicho al hecho: Avances y desafíos de la Ley 21.369 que previene y sanciona el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en educación superior.
La ley 21.369 fue promulgada el 30 de agosto de 2021 su objetivo es “promover políticas integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, y proteger y reparar a las víctimas en el ámbito de la educación superior, con la finalidad de establecer ambientes seguros y libres para todas las personas que se relacionen en las referidas comunidades académicas, con prescindencia de su sexo, género, identidad y orientación sexual”. Esta ley fue un logro del movimiento feminista del año 2018, cuando las estudiantes y académicas universitarias, cansadas de lo que estaban viviendo, levantaron la demanda por una educación no sexista y libre de violencia. Esta demanda, fue apoyada por amplios sectores de la población sobre todo organizaciones no gubernamentales feministas; su masividad y fuerza implicó una gran cobertura por parte de medios de comunicación y el copamiento de las Redes Sociales con el tema.
Durante el Mayo Feminista se hicieron visibles casos no resueltos de acoso sexual y violencia de género que involucraban a estudiantes, académicos y administrativos, quedando en evidencia la inacción (y en algunos casos franca complicidad) de las instituciones de educación superior, y su rol como espacios de producción y reproducción de sexismo e impunidad. El denominador común de esta pasividad era la inexistencia de instancias formales que previnieran, sancionaran y repararan oportunamente la ocurrencia de este tipo de hechos al interior de las instituciones de educación superior, y con este objetivo fue creada la ley 21369.
En este contexto y mandatado por la misma ley, respetando la “autonomía universitaria”, cada institución elaboró sus propios “Protocolos de Género” tanto en el ámbito de la prevención como de la sanción. Este nuevo cuerpo legal marca un antes y un después en la convivencia de la educación superior, reforzando el deber del Estado de Chile y sus agentes, de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos de las mujeres en el ámbito educacional.
Tras dos años de implementación de la ley, en noviembre de 2022, la Superintendencia de Educación Superior desarrolló un plan de fiscalización de su aplicación, cuyo reporte, fue elaborado en base a la información otorgada por las mismas universidades. El 96,3% de las Universidades, declaró contar con una política integral que incluye modelos de prevención y de investigación y sanción en contra de las situaciones de acoso sexual, violencia y discriminación de género y el 100% señaló que cuenta con todos los Elementos del Modelo de Prevención del acoso sexual, la violencia y la discriminación de género sugeridos por la Superintendencia de Educación Superior.
En otras palabras, todas las Universidades chilenas poseen herramientas para prevenir y sancionar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, sin embargo, existen numerosos casos que sumados a los casos mediáticos, indican que la implementación práctica y el seguimiento de los protocolos declarados tienen serias deficiencias. Por ejemplo, todavía persisten falencias en la difusión de la ley y de las políticas de prevención al interno de la comunidad universitaria. Pero sin duda lo más alarmante, son las falencias en la resolución oportuna de casos denunciados, que exponen a las víctimas a procesos de investigación ineficaces e injustificadamente lentos, todo lo cual tiene, inevitablemente, consecuencias perjudiciales para las víctimas. Esto da cuenta que, aunque pueda existir cobertura mediática de casos puntuales de discriminación o acoso sexual, la violencia de género no es simplemente un problema de comportamiento individual, sino que es un tema de la comunidad en su conjunto. El clima organizacional, las autoridades, los liderazgos, y la voluntad política juegan un papel fundamental a la hora de permitir o prevenir y sancionar estas conductas. La percepción de que una Universidad es permisiva con el acoso y la violencia de género, aun existiendo protocolos sancionadores, genera la sensación de impunidad en su comunidad y puede llevar a que las víctimas se muestren renuentes a denunciar las vulneraciones porque creen que sus denuncias serán desestimadas por la unidad jurídica y sobre esto sufrirán diversos tipos de represalias, hechos que hemos constatado que están sucediendo en la práctica.
Hoy, con preocupación, vemos que los protocolos creados por las mismas casas de estudios no están garantizando un ambiente seguro, respetuoso, y digno para todos los miembros de la comunidad universitaria. La eficiencia en la implementación y seguimiento de dichos protocolos puede ser la diferencia entre tener espacios académicos perpetuadores de agresión y discriminación, o Instituciones comprometidas con la igualdad de trato y la erradicación de toda forma de violencia. Urge un mayor compromiso de todos, pero especialmente de las Direcciones de Género, de las autoridades y fiscalizadores encargados del tema los que deben velar por las prácticas de las casas de estudios y de sus unidades jurídicas, con el fin de que la educación superior pueda convertirse en un motor de cambio social, que asegure la sana convivencia entre hombres, mujeres y diversidades sexuales. Es necesario, que quienes tienen atribuciones, como la Superintendencia de Educación Superior y el Ministerio de Educación evalúen rigurosamente la implementación y funcionamiento efectivo de esta política pública. Así mismo, es imprescindible que la Comisión Nacional de Acreditación, cuente con pares evaluadores preparados en estas materias que puedan determinar si las instituciones de educación superior practican y exigen a su comunidad la práctica del respeto y la convivencia libre de toda forma de violencia, tal como lo estipulan los cuerpos de leyes vigentes, incluida la ley 21.369 y los numerosos tratados ratificados por Chile.
Dra. Raquel Flores Bernal (académica e investigadora, socia REDI)
Dra. Mónica Vargas Aguirre (académica y presidenta Red de Investigadoras REDI)
Dra. María Florencia Tevy (académica e investigadora, Socia REDI)
Lic. Samantha Cornejo Cornejo (Socióloga Diplomada en Género, difusión REDI)
