Comunicado sobre violencia de género en instituciones de educación superior.
La Asociación Red de Investigadoras, es una organización feminista no gubernamental, sin ánimo de lucro, creada con el objetivo de promover la equidad de género en la investigación en todos los ámbitos del conocimiento. Desde esta postura rechazamos categóricamente cualquier situación de violencia, acoso, abuso o discriminación arbitraria que afecte a mujeres y disidencias sexogenéricas, manifestando nuestro compromiso en el apoyo y defensa de quiénes han sido víctimas de estas situaciones en distintas instancias de educación superior.
Hemos trabajado desde el año 2017 en el diseño de un proyecto de ley que garantice que estas situaciones no queden impunes y que permita la protección integral de las víctimas. Esta ley fue mejorada colaborativamente con parlamentarias y otras agrupaciones feministas, la cual incluye la prevención de estos hechos como eje primordial. Esperamos que, en los próximos días, esta ley sea promulgada y publicada en el diario oficial para su aplicación en todas las universidades, institutos, centros de formación técnica y escuelas matrices del país.
Ante los hechos que se han producido en la Universidad de Aysén, así como en otras universidades e instituciones, creemos que solo cabe la condena enérgica respecto de toda acción que implique violencia sexual y de género dentro y fuera de la academia. Manifestamos como Asociación que nuestra posición y apuesta siempre ha sido clara: estamos con las víctimas de violencia de género.
Sabemos que los procedimientos actuales son insuficientes y, por lo mismo, esta nueva ley dota de herramientas que antes no existían.
Por ello, instamos a las personas que velan por el debido proceso en las investigaciones y procesos disciplinarios sobre acoso y abuso sexual en las Universidades, a ejecutar los mecanismos disponibles, permitiendo un actuar rápido y eficaz que ponga a disposición de las víctimas todas las medidas necesarias para su resguardo, protección y reparación, creando espacios seguros, evitando la victimización secundaria y represalias en su contra. Así también, hacemos un llamado a agilizar este tipo de procedimientos, evitando la dilación de los mismos, pues la pasividad de las instituciones es también una forma de violentar a las víctimas y exponer a las comunidades universitarias a situaciones que ponen en riesgo su seguridad y convivencia.
Por todo lo anterior, es necesario de manera urgente que las autoridades de todas las universidades realicen una revisión crítica de su proceder, garantizando el acompañamiento y reparación de las personas afectadas y comprometiendo acciones que garanticen la no repetición de este tipo de situaciones.
