Terminar con el financiamiento público y premios a personas sancionadas por acoso sexual y laboral en la academia.
Tanto la educación superior, como el desarrollo de la ciencia, tecnología, conocimientos e innovación (CTCI) se financian principalmente con aportes públicos, es decir, directamente de los bolsillos de las y los contribuyentes. Con estupor constatamos que sistemáticamente parte del erario público se destina a mantener acosadores en las instituciones de educación superior ¿Cómo es esto posible?
¿Cómo pueden las instituciones de educación superior, ANID o cualquier otra institución ligada a las Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación justificar el financiamiento de proyectos liderados por individuos sancionados por acoso sexual, violencia y/o discriminación de género? ¿El patrocinio institucional y la asignación de recursos públicos concursables para investigar desde la ANID reflejan los valores éticos, integridad y calidad en la investigación en el ámbito académico en Chile? ¿Acaso la decisión de patrocinio institucional por parte de instituciones de educación superior y la asignación de recursos para financiar a un académico sancionado por acoso sexual, violencia y/o discriminación de género desestima y minimiza el sufrimiento de las víctimas?
El acoso sexual, la violencia y la discriminación de género son flagelos sistémicos en las instituciones de educación superior a nivel mundial, teniendo múltiples y graves consecuencias, que van desde la afectación de la salud física y psicológica, pasando por el impacto negativo en las trayectorias y resultados académicos, profesionales y laborales de las afectadas, hasta la pérdida de talento sostenida, el deterioro de los entornos académicos y laborales, además de altos costos financieros y reputacionales para las instituciones.
En la actualidad, se estima que nueve de cada diez países del mundo tienen leyes contra el acoso sexual en la vida laboral, no obstante, seis de cada diez carecen de leyes adecuadas contra el acoso sexual en educación superior. En el año 2021 Chile se convierte en un ejemplo con la promulgación de la ley N° 21.369 que previene y sanciona el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior. Nuestro país, va un paso más adelante trascendiendo la sexualización del problema y abarcando otros tipos de violencias y discriminaciones, superando la conceptualización limitada y vaga del acoso sexual que existía en la mayoría de los protocolos implementados por las universidades.
En la mayoría de los casos de acoso sexual, violencia y discriminación por género, los perpetradores son hombres atacando a mujeres. Estos ataques, se centran en el desprecio por ellas, por sus capacidades y la necesidad de dominarlas. Los perpetradores se parapetan en una intrincada red que busca lagunas legales y resquicios institucionales que permite abusos del sistema, revictimizando a las denunciantes a pesar de la ley 21.369.
Sumado a lo anterior, hoy no contamos con un registro público de mala conducta académica en este ámbito. Las consecuencias de lo señalado son acosadores sancionados, y aun así, financiados con fondos públicos o premiados por la academia. Por otra parte, académicas y/o estudiantes que denuncian, son sacadas de las universidades o tienen que compartir espacios con sus acosadores revictimizándolas y liquidando sus carreras académica y profesionales para siempre. ¡¡¡Vaya desincentivo para denunciar!!!
La mayoría de las clasificaciones universitarias, como rankings y acreditaciones, asignan alto nivel de importancia a la investigación del profesorado, la reputación académica (publicaciones) y los recursos pecuniarios (proyectos financiados). Lo anterior, permite que los perpetradores con altos niveles de productividad, eviten sanciones a través de la renuncia o la jubilación anticipada. Esto es también una forma de mantener en secreto el acoso sexual y proteger con ello el “prestigio” de la universidad de que se trate.
La falta de sanciones efectivas y la poca transparencia de las instituciones, facilita que los perpetradores sancionados, se empleen sin mayores problemas en otras instituciones donde encuentran nuevas víctimas. Las condiciones laborales precarias, la organización jerárquica de las universidades, la normalización de la violencia de género, las masculinidades académicas tóxicas, la cultura del silencio, el miedo a represalias y la falta de liderazgo activo, son características claves que facilitan el acoso sexual en instituciones académicas.
Algunas investigaciones señalan que, mientras más prominente es la persona involucrada en el acoso sexual, menos incentivada estaría la institución para tomar medidas. En este sentido, poner una normativa a la adjudicación de fondos de investigación es un aspecto clave a intervenir.
En la actualidad, Chile no cuenta con ninguna medida que evite que acosadores sexuales sean receptores de fondos públicos para investigación, un ejemplo reciente se puede apreciar en la Universidad Austral de Chile, donde un académico sancionado por acoso sexual y pese a las recomendaciones del fiscal interno, no fue desvinculado de la institución. Es más, el investigador siguió siendo patrocinado en diferentes postulaciones por la misma universidad y este año se adjudicó un importante fondo de investigación del Estado.
Existe otro caso en la Universidad de Chile en donde un académico es acusado de acoso laboral y sexual y luego acusan a la víctima de hacer mal su trabajo, en este caso la universidad tomó la decisión institucional de separar los procesos, sancionando a la víctima, incluso antes que termine la investigación por acoso, ambos casos son representativos de una situación que se está volviendo frecuente en la academia chilena. Inclusive, la academia de Ciencias de Chile ha decidido premiar con una medalla “por la trayectoria académica” al ex rector de la U de O’Higgins a pesar de haber sido sancionado por un tribunal laboral de violar el derecho fundamental a la integridad psíquica, ha sido investigado por adulterar un documento privado plasmado en resolución de ANID y públicamente denostó en el congreso a las ex académicas denunciante y testigo de acoso laboral, indicando la “falta de voluntad de avanzar en la carrera académica” de las mismas, cuestión que evidentemente no es cierta dado que ambas trabajan en universidades hoy y una incluso fue contratada como investigadora en una universidad de Estados Unidos, donde se encuentra actualmente.
El acoso sexual produce un daño significativo a la integridad y calidad de vida de la víctima, lo que repercute en el desempeño laboral, productividad y calidad de la investigación, con la consiguiente pérdida de talentos y produciendo un efecto negativo en la posibilidad de las mujeres para participar en la investigación al mismo nivel que los hombres.
Instamos al parlamento y sobre todo al gobierno, abiertamente declarado feminista, al diseño e implementación de políticas y normativas que impidan a individuos con sanciones por acoso sexual acceder a financiamiento público para investigación.
Solicitamos la más alta responsabilidad político social a las universidades y a la ANID para implementar políticas públicas que permitan prevenir que quienes han sido sancionados por acoso sexual y laboral, tengan restricciones para acceder a fondos públicos.
Exigimos que, en las instituciones, sobre todo las públicas, no apoyen las postulaciones a fondos públicos de este tipo de personas, la ética institucional es más importante que cualquier trabajo de investigación posible.
Es por esto que, instamos a las instituciones vinculadas al sistema de educación superior a revisar sus protocolos de asignación de recursos y premios, incorporando la perspectiva de género, como un acto de justicia y con el fin de no generar revictimización ni futuras víctimas.
